Por José Gregorio Aguilar
A diferencia de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) que criticó la prórroga del Decreto que permite la extensión del programa de regularización de vehículos usados mejor conocidos como “autos chocolate”, por dos años más, las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo agrupadas en la Fecanaco Servytur y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR MÉXICO) se pronunciaron a favor de esta decisión.
“Se agradece la reciente prórroga del decreto de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, una solicitud impulsada por varias Cámaras Fronterizas, para contar con un registro vehicular de autos que ya circulan en el País”, se lee en el boletín de prensa que el organismo empresarial publicó este fin de semana.
Cabe recordar que la AMDA, destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Federación la modificación al Decreto que fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera para extender su vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026
Dijo que se trata de un Decreto para regularizar contrabando automotriz y una acción que invade el mandato de Claudia Sheinbaum.
La AMDA refiere que dicho Decreto publicado en enero de 2022 señaló como requisito para regularizar los vehículos que se encontraban en situación de contrabando, que acrediten haber sido introducidos al país sin las formalidades del procedimiento aduanero hasta el 19 de octubre de 2021.
Asimismo, se estableció que no podrían regularizarse los vehículos que por sus características o aspectos técnicos, esté restringida o prohibida su circulación en el país de procedencia o en México. Igualmente quedaron fuera de la autorización para regularizar los vehículos de lujo o deportivos.
De forma literal se estableció que tampoco serían regularizadas las unidades que no cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente.
El decreto también restringió la regularización de los vehículos con reporte de robo o aquellos relacionados con la comisión de un delito en alguna carpeta de investigación o proceso penal.
Todos estos requisitos han sido letra muerta, lo cual coloca a los funcionarios públicos que han autorizado la regularización de millones de vehículos sobre los cuales existen evidencias de faltar a alguna de las especificaciones que el decreto estableció para regularizar el contrabando
